lunes, 14 de octubre de 2013

Canalizar la impotencia

De más está decir que la violencia debe ser repudiada. Repetir que nada justifica la reacción de Juan Acosta sobre el árbitro Luis Silva en el partido entre Lavalleja y Rampla Juniors es, además de un lugar común, una necesaria reafirmación del compromiso por evitar situaciones de violencia en el deporte.
Esta afirmación no obtura, sin embargo, la necesidad de intentar comprender lo sucedido. Buscar encontrar motivaciones de la reacción del futbolista de Lavalleja no implica buscar justificaciones o atenuantes, adjudicar responsabilidades en relación a lo sucedido más allá de las que le corresponden al jugador no es quitarle al mismo las propias. Cuando todo el debate parece reducirse a un duelo entre las hinchadas de uno y otro protagonistas de la situación, la sensatez obliga a intentar escrutar del modo lo más analítico posible el episodio.
Parece evidente observando las reacciones del futbolista de Lavalleja que la agresión sobre el árbitro no se debió a la expulsión decidida por este; el tiempo transcurrido entre la decisión del árbitro y la reacción del futbolista, la actitud de Acosta durante ese lapso de tiempo y el evidente diálogo ocurrido entre los protagonistas nos permite tener certeza de esto. Por su parte, numerosos testimonios dan cuenta de una provocación por parte del árbitro hacia el futbolista e incluso se denuncia un insulto de contenido racista por parte del juez.
Sin pruebas más fehacientes que el testimonio de algunos protagonistas, parece claro que las explicaciones de la reacción transcurren por esos carriles. Sabemos que los árbitros no pueden hacer declaraciones, pero sería conveniente que por algún medio el árbitro, o la gremial que lo representa, negara las provocaciones y los insultos que le son atribuidos o que, en caso contrario, asumiera la responsabilidad. Parecería que escudados en la afirmación de que nada justifica la agresión, los árbitros no están dispuestos a responder sobre las denuncias o a contestar si algo justifica que un árbitro provoque o propine insultos racistas a un futbolista.
La defensa de un colega es un principio que resaltamos. Defender a Luis Silva es una obligación de ARDAF, incluso, aunque se probaran o reconocieran las responsabilidades que se le atribuyen en el hecho. Pero defenderlo, incluso en el error, no es contradictorio con asumir el error, pedir disculpas o comprometerse en buscar los medios para que los árbitros no incurran nuevamente en actitudes de este tipo Esperamos que la defensa de Luis Silva sea solidaria, no corporativa.
Más allá de evaluar lo sucedido, lo que sobrevuela toda la discusión es la aplicación de sanciones. Parece evidente que el futbolista sufrirá una sanción importante y es lo correcto. Sin embargo, si las sanciones apuntan, ademas de a castigar, a persuadir, resulta imprescindible dilucidar las responsabilidades del árbitro en lo ocurrido y aplicar sanciones de similar magnitud.
Si lo ocurrido se explica en una actitud del árbitro, la forma de evitar que vuelva a ocurrir algo similar pasa más por lograr que los árbitros depongan ese tipo de actitudes que por sancionar a Juan Acosta. Y además, si la agresión hacia un árbitro es uno de los causales de sanciones más duras para los futbolistas, parece inadmisible que un árbitro no reciba una sanción igualmente severa que el futbolista si comparte la responsabilidad en lo ocurrido.
Quizás en nuestro análisis sean escuetas las palabras de repudio a la actitud del futbolista. Lo que explica esto es que su error está a la vista, así como las consecuencias de su error. El problema medular radica en que este tipo de reacciones son la punta de un iceberg que refleja el colmo de la impotencia ante el sistemático abuso de la autoridad con la que cuenta un árbitro dentro de una cancha de fútbol. Y cuando la impotencia rebasa los límites admisibles, es necesario asumir que la raíz del problema está en las causantes de dicha impotencia y canalizarla en medidas.

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